INAP realiza conferencia: Rendición de Cuentas y Fiscalización de Recursos Públicos; Retos y Desafíos

D. N.- El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) realizó la conferencia virtual: «Rendición de Cuentas y Fiscalización de Recursos Públicos; Retos y Desafíos», con la expositora Toamasina Tolentino de Mckenzie, miembro-secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

Al pronunciar las palabras en la apertura de la actividad, el director general del INAP, Cristian Sánchez Reyes, dijo: “el tema que se desarrollará es de alta importancia para el país, y que el presidente Luis Abinader presentó entre las prioridades de su programa de Gobierno, comprometiéndose a cumplirlas cuando asumiera la primera magistratura de la nación.

«Y, no hay dudas, ha honrado su palabra al establecer los mecanismos para eliminar el dispendio en el gasto público, logrando que cada centavo sea manejado de manera eficiente con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los dominicanos”, destacó.

De su lado, Tolentino de McKenzie inició su exposición con la pregunta: ¿Sobre qué y por qué se debe rendir cuentas?, respondiendo: porque administramos fondos públicos, recursos que provienen en su mayoría del pago de impuestos y que deben servir para garantizar derechos fundamentales.

Expresó que en el artículo 238, de la Constitución del 2015, especifica: “Corresponde al Estado realizar una asignación equitativa del gasto público en el territorio. Su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y economía.

«Así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley Orgánica 1-12), cuya visión establece: República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho», agregó.

Precisó que el primer Eje Estratégico plantea la conformación de: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Con relación a la   fiscalización y control externo, indicó que está establecida en la Ley 10-04, en su artículo 1, que dispone: facilitar la coordinación interinstitucional, promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.

“El instrumento número uno que por defecto nos obliga a rendir cuentas es la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información, que establece en su artículo 4: Será obligatorio para el Estado dominicano y todos sus poderes, organismos y todas las entidades, brindar la información con carácter obligatorio y de disponibilidad de actualización permanente y las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados.

Apuntó que está todo lo relacionado a la estructura de las organizaciones y su personal, establecido en la Ley 41-08, de Función Pública que, en su artículo 4, define: Gestión Institucional: Conjunto de acciones de los órganos y entidades de la administración del Estado con el fin de garantizar su misión fundamentada en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, celeridad, participación, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

“Los fondos públicos son los ingresos tributarios y no tributarios con los que cuenta un Estado para financiar o subvencionar, los gastos del sector público”, explicó.

“El control fiscal externo es una actividad que se realiza con la finalidad de evaluar el uso de los recursos públicos por los administradores del erario, con el propósito de asegurar que se cumplan los objetivos y metas institucionales y así garantizar el logro del Estado”, apuntó.

Manifestó que el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.

“El objetivo principal del control fiscal es mantener una vigilancia sobre la administración de los recursos públicos”, refirió.

Detalló la gestión administrativa financiera institucional, a través de auditorías financieras: Examen y evaluación de las evidencias que respaldan las operaciones, registros, informes, estados financieros y presupuestarios; La legalidad de las operaciones; Control interno institucional; la eficiencia, economía y transparencia en el uso de los recursos humanos, ambientales, materiales, financieros y tecnológicos; Los resultados de las operaciones y el cumplimiento de objetivos y metas.

También, la Ejecución del Presupuesto General del Estado; Ingresos; Gastos, Financiamiento, Pruebas de consistencia y Verificaciones; y el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR); Pruebas y verificaciones; Elaborar informe al Congreso y expresar una opinión al mismo y Anexar auditoría sobre la CCRD.

Compartió que existen varios tipos de control externo bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuenta de la República Dominicana (CCRD): Auditorías financieras, Estudios e investigaciones especiales y Auditorías de gestión.

Además, algunas herramientas de análisis, como el presupuestario, que es una revisión detallada de la ejecución; la Auditoria Financiera, pruebas que permite emitir una opinión sobre estados financieros;  Auditoria especializadas, es la verificación y análisis de determinados hechos o situaciones especiales.; Confirmación de información: validar un dato o información; La auditoría de gestión, que determine si se cumplen los resultados y metas; y Auditoría informática, verificación y aseguramiento de  las políticas y procedimientos para el manejo y uso de los sistemas de información.

Puntualizó que uno de los principales retos es mejorar el proceso de fiscalización para evitar el mal uso de los recursos públicos y lograr las sanciones correspondientes.

Y que el gran desafío en la política: Total independencia, incluyendo la presupuestaria; el cumplimiento de la ley de autonomía presupuestaria; fiscalizar en todos los estamentos del Estado; y afianzar la fiscalización como una herramienta de control contra la corrupción.

En lo Técnico/Institucionales: Desarrollar e implementar normas de control de aplicación obligatoria; Lograr el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría; Realizar auditorías de gestión que permitan evaluar el cumplimento de la misión institucional de las entidades públicas y verificar la calidad del gasto público; y Fortalecer la capacidad técnica en torno a: Recursos humanos tecnológicos y de Infraestructura física.

Abarcar una mayor representatividad en la fiscalización, en cuanto a: Número de instituciones, Monto del presupuesto, Tipo de institución y Zona geográfica; Lograr una fiscalización del 80 % presupuesto.

En Comunicación: Fortalecer los canales de comunicación: Interno, la ciudadanía, los medios, Otras entidades estatales y Otras EFS, la incorporación de la sociedad como veedora de los procesos y de la fiscalización y la Interrelacionar procesos, base de datos e instituciones.

La conferencia estuvo dirigida a encargados de las áreas: Administrativa, Financiera, Contabilidad, Planificación y Desarrollo, y servidores públicos de las instituciones estatales y de los gobiernos locales (ayuntamientos y juntas de distritos municipales).

Palabras de Cristian Sánchez Reyes, director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en la conferencia virtual: Rendición de Cuentas y Fiscalización de Recursos Públicos; Retos y Desafíos. Miércoles 23 de febrero del 2022.-

Buenos días.

Distinguida Sra. Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro-secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; subdirectores, encargados y colaboradores del INAP; y servidores públicos participantes.

El tema que se desarrollará en esta conferencia es uno de alta importancia para el país, y que el presidente Luis Abinader presentó entre las prioridades de su programa de Gobierno, comprometiéndose a cumplirlas cuando asumiera la primera magistratura de la nación.

Y, no hay dudas, ha honrado su palabra al establecer los mecanismos para eliminar el dispendio en el gasto público, logrando que cada centavo sea manejado, de manera eficiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

Nos permitimos enumerar algunas de las extraordinarias iniciativas, propuestas y acciones que el mandatario Abinader ha puesto en marcha para garantizar que los recursos públicos no se queden en los bolsillos de quienes están compelidos a dar el ejemplo de honestidad y transparencia en el Estado.

Emitió el Decreto 695-20 que crea e integra el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, órgano para articular los compromisos del Gobierno con el fortalecimiento de la ética en la administración pública, formular las estrategias y promover una agenda de cambios en las sanas prácticas de la administración, de la mano con los avances tecnológicos en la lucha contra la corrupción, junto a diversas representaciones de la Sociedad Civil y las instituciones pertinentes como son el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto, la Unidad de Análisis Financiero de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas y, muy especialmente, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien preside este Gabinete.

Asimismo, la modificación a la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, con el objetivo que se realicen auditorías internas, por lo menos, una vez al año a todas las instituciones de carácter público; y la modificación a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, para adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control, procurando, también, que se realicen las auditorías periódicas de rigor, debiéndose dar publicidad a los resultados de estas dentro de los 60 días de realizadas.

También, la creación de un Portal Único de Transparencia, ya dispuesto en la Resolución 002-2021, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que recogerá toda la información relativa a la actividad del Gobierno, con acceso ilimitado de su contenido por parte de los ciudadanos; y que establece las políticas de estandarización de las divisiones de transparencia, cuyos portales serán evaluados todos los meses; y el Índice de Transparencia (IT) de las instituciones del Estado que será publicado trimestralmente en la página web de la Digeig, entre otras medidas de supervisión.

Prosigo citando; de igual modo, la creación de una Subdirección Antifraude, dependiente de la Contraloría General de la República, para la realización de inspección constante en todas las áreas de Gobierno.

Además, el pleno cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública que declara como obligatorio para el Estado dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado de información referida a: presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución; llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados.

Es oportuno recordar que todos los ciudadanos tienen el derecho de exigir información pública; y las entidades del Estado el deber de proporcionarla.

Quiero resaltar que los frutos de estas atinadas ejecutorias ya se están cosechando, y una muestra tangible fue que el 2021 ha sido el único año en que se ha cumplido la Ley Orgánica del Presupuesto, información ofrecida por el presidente Abinader en enero pasado, destacando que gracias a la aplicación de estas medidas, ha permitido corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente del erario y, a su vez, reducir de RD$72,747 millones a RD$18,850 millones la deuda por concepto de cuentas por pagar.

Se identificaron las debilidades del marco que rige la gestión y fiscalización del patrimonio estatal y la persecución de la corrupción para, entonces, fomentar en la administración pública las políticas que permitan atender los desafíos de ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público.

Podemos seguir detallando más decisiones concretas, pero la protagonista de hoy es la honorable Tomasina Tolentino de Mckenzie, quien es una voz autorizada para compartir, de manera magistral, experiencias y lineamientos referentes al tema que nos ocupa.

En definitiva, cada estamento de la administración pública está obligado a transparentar el uso y manejo de los fondos públicos, pues ahora se aplica un real régimen de consecuencias sin complicidades.

Disfruten la conferencia.

Muchas gracias.