Gestión pública y deuda social acumulada

Por Gregorio Montero

Uno de los mayores errores que se cometen, por parte de gobernantes y gobernados, es no saber entender el rol y la ubicación política precisa de la Administración Pública en la estructura del Estado; muchos la asumen y actúan desde ella, y esto es lo peor, como si se tratara de un simple armazón el que basta con que sea manejado sobre la base de la rutina y la improvisación, y aun así se pretende obtener resultados e impactar en el desarrollo y bienestar de la sociedad. Tardan en darse cuenta, si es que lo logran, de que la Administración Pública es la categoría imprescindible que permite que el Estado haga lo que le corresponde, pero que a la vez se sustenta en reglas y procesos científicos que determinan su esencia, su accionar y el logro de sus objetivos.

Este desvío o desconocimiento de los aspectos que son determinantes del funcionamiento de la Administración Pública, que a su vez se manifiesta de forma negativa en la organización y operación de los entes y órganos públicos, es lo que impide que se cuente con un modelo de gestión pública estandarizado que, haciendo uso de los preceptos y postulados científicos que lo definen, especialmente los que ofrece la ciencia de la administración, sea predecible y capaz de guiar al país por la ruta del progreso. El Estado y la Administración Pública, sin un modelo científico de gestión que sea pertinente, no constituyen otra cosa que un cuerpo hueco, sin vida y sin alma, que no es capaz de funcionar mínimamente, mucho menos de cumplir su rol y su ciclo vital.

Y hablando de rol y de ciclo vital, la Administración Pública existe para que pueda existir el Estado. Ojalá esto pudiera entenderse, pues, si a resultados vamos, parecería entonces que en muchos casos ninguno de los dos existe, lo que pone en riesgo la propia existencia de la sociedad; si nos remitimos a los indicadores, el balance es en extremo negativo, en detrimento de la ciudadanía. Tal vez dos de esos indicadores resultan suficientes para explicar lo afirmado: pobreza y desigualdad, los cuales hemos abordado en otros trabajos; estos demuestran de forma fehaciente que históricamente las autoridades estatales no han hecho su tarea, o por lo menos han fallado con creces. Todo esto provoca una falta de cohesión social tan profunda que acogota el desarrollo.

A este fenómeno reprochable se le denomina deuda social acumulada, que se explica por la presencia de necesidades y desigualdades que resultan de los incumplimientos y las desatenciones históricas en que incurren el Estado y la Administración Pública, con lo que resultan desconocidos y conculcados derechos básicos de las personas. La deuda social acumulada no se determina con simples cálculos matemáticos ni por percepción, ella es consecuencia de fórmulas objetivas que proponen índices que miden la igualdad y la justicia con que actúa el Estado para procurar el bienestar de su gente; en esto inciden con fuerza las políticas públicas que, en materia de salud, educación, vivienda, agua potable, seguridad, medio ambiente, y otras, se diseñen y ejecuten.

La economía política y la administración se han combinado con el propósito de explicar y hacer entender las complejidades de la deuda social acumulada que, como su nombre lo indica, deviene del cúmulo de la falta de inversión del Estado en áreas cruciales durante generaciones, lo que provoca luego la necesidad de multiplicar dicha inversión, pues los problemas se van haciendo adultos, como los humanos que resultan afectados por ellos, y en consecuencia se hacen más difíciles de combatir y resolver.

En resumen, la deuda social acumulada es la consecuencia directa de políticas públicas excluyentes que se han venido aplicando desde siempre, a lo largo de toda la historia, por lo que, desconociéndose el rol del Estado y la importancia de la gestión pública, se propician y crean brechas sociales y humanas tan profundas que obstaculizan el desarrollo sostenible, haciendo con ello insuficientes las políticas y las acciones que se implementan, con lo que además se pone en riesgo la estabilidad política y social del país de que se trate.

A lo dicho hay que agregar las limitaciones presupuestarias que afectan a los gobiernos, lo que, a pesar de la magnitud de dicha deuda, que exige enormes esfuerzos estatales, frena las grandes inversiones inmediatas que deben hacerse para mitigarla. La deuda social acumulada se expresa en las brechas verificables que resultan de la comparación de los derechos fundamentales, la aplicación de las normas que los contienen, la actuación que despliega la Administración Pública con miras a reconocerlos y la realidad material de la población; se pone de manifiesto en todo lo que el Estado debió hacer y no hizo para garantizar el desarrollo humano integral.

En el entorno latinoamericano esta empezó a tomar forma a partir de los desarrollos teóricos presentados a finales de los años de 1980 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que analizó los componentes del problema y sus soluciones desde la perspectiva de la integración regional, estableciendo que la fórmula que no debía fallar era integración, crecimiento y redistribución. La OIT fijó su atención en la idea de que la generación de trabajo decente es un mecanismo que aporta la solución de la deuda social acumulada, toda vez que el empleo se convierte en un eje de amortización.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), consciente de los riesgos que la deuda social acumulada representa para las naciones, propuso en 2025 un conjunto de acciones dirigidas a enfrentarla, donde figura de forma destacable la de un pacto por el desarrollo social inclusivo, el que, según dicho organismo, constituye un imperativo moral de los actuales gobernantes y las sociedades, y la garantía del equilibrio, el progreso económico y la estabilidad de nuestros países. La CEPAL enfatiza en que el desarrollo social y la solidaridad humana son las tareas más importantes de la época actual, pues atender lo social es vital para sostener la democracia y traer de regreso la confianza del pueblo en los gobiernos.

Es aquí donde procede entender y reconocer con claridad el papel de la gestión pública, pues la deuda social acumulada la cuestiona directamente a ella, el tamaño de esta demuestra cuan grande es el fallo del modelo de gestión y hasta qué punto este se ha desviado históricamente de los objetivos del Estado y no ha respondido a sus propios designios. Lo primero es diseñar y planificar la estrategia, con todo lo que ella implica, mediante la cual habrá de atacarse el problema público específico, recordar que el problema aquí es la deuda social acumulada; la estrategia es la que lleva a construir el modelo de gestión pertinente a la solución del problema, pues la gestión pública ofrece las herramientas administrativas que permitirán resolver o paliar el mismo.

En este orden, el profesor e investigador argentino Bernardo Kilsberg (1987) formuló serias críticas a la gestión pública tradicional, argumentando que la deuda social acumulada, la exclusión y la pobreza no son simples problemas económicos; agrega que ellos responden a fallas en el diseño de las políticas públicas, ante lo que propone un modelo de gestión pública ético, que invierta lo necesario para saldar la brecha de desigualdad estructural existente.

De conformidad con lo planificado, el modelo de gestión debe fijar su atención, específicamente, en todos aquellos aspectos que históricamente han provocado la deuda social acumulada: políticas públicas excluyentes y desintegradas, injusta distribución de los bienes y las riquezas, deficiencia del gasto público, debilidad institucional, falta de capacidad técnica, opacidad y corrupción, falta de continuidad, y otros. Como hemos escrito en otras ocasiones, esto ha ido acercando a muchas naciones de la región a la deshonrosa condición de estados fallidos.

Saldar la deuda social acumulada pasa obligatoriamente por la puesta en marcha de un modelo de gestión pública que sea capaz de enfocarse en garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Este modelo descansa, necesariamente, lo hemos dicho antes, en el interés general, la juridicidad, la planificación estratégica, el diseño organizacional, el presupuesto por resultados, la eficiencia, el mérito y la profesionalización de los funcionarios, la evaluación institucional, la cadena de valor público y la transparencia.