La gobernanza de datos en la administración pública: un paso que antecede al uso de la inteligencia artificial

Por Gregorio Montero

Como se sabe, la inteligencia artificial constituye una etapa crucial y un fenómeno disruptivo de la informática, en la que los algoritmos son capaces de procesar cantidades infinitas de datos y de automatizar tareas sumamente difíciles, con lo que se asegura fijar patrones de comportamientos, predecir escenarios y situaciones y tomar decisiones con mayor posibilidad de precisión; se ha llegado a la conclusión, y aquí su extrema complejidad, de que la IA es capaz de hacer cosas reservadas a los humanos, asociadas al aprendizaje, al razonamiento, a la percepción, a la resolución de problemas, entre otras, en cualquier ámbito de la vida profesional, laboral y cotidiana. Evidentemente, todo esto trae consigo, como se ha dicho antes, serios peligros para la misma humanidad.

Los sistemas y aplicaciones de reconocimiento de voz, asistentes virtuales, modelos de lenguaje, asistentes de búsqueda, robots de distintas generaciones, vehículos autónomos, etc., son solo señales de lo que ya existe y de lo que está por venir.

En cualquiera de los niveles en que ella se presente, para tarea específica, para entender, aprender y solucionar problemas por sí misma, o para desarrollar conciencia propia, la que se denomina súper inteligencia, la Inteligencia Artificial ha llegado para transformar todo lo que toca, desde el pensamiento, los procesos, hasta la actividad industrial. El gran inconveniente es que algunos tratan de sustituir con ella la voluntad humana, no solo imitar la función cognitiva de los hombres y las mujeres, lo que aumenta el riesgo y las aprehensiones en su uso, especialmente en lo concerniente al deterioro cognitivo de los humanos, a la privacidad de los datos de las personas y a la toma de decisiones; en todo esto se exige de una condicionante ética y moral a toda prueba.

En nuestro artículo sobre Inteligencia Artificial en la Administración Pública, publicado el 18 de julio de 2023 en este mismo medio, afirmamos que los entes y órganos estatales debían crear las bases sólidas para poder implementar de forma exitosa las herramientas de la Inteligencia Artificial que son necesarias e inevitables para mejorar la prestación de los servicios públicos y la relación con la ciudadanía, sobre la base de unos principios y criterios que resultan insoslayables, donde destacan ética, transparencia, igualdad, interés general, privacidad y seguridad. Decíamos, además, que en nuestro país se había optado por una estrategia de inteligencia artificial en la Administración Pública que debe llevarnos a un escenario de toma de decisiones más acertadas y a mayor eficiencia institucional.

Pese a todo lo dicho, es preciso entender que el despliegue de herramientas de Inteligencia Artificial en el sector publico dominicano requiere del abordaje de una cuestión que es básica para garantizar certeza y éxito. Se trata de la gobernanza de los datos que a partir de ella se generan, que, como sabemos, en el sector público, por su conexión con las cláusulas del Estado, los derechos fundamentales y el interés general, adquieren mayor relevancia por su sensibilidad y complejidad, lo que exige definir con claridad meridiana los niveles de responsabilidad en la gestión de lo mismos. Hacer conciencia sobre la carga jurídica y moral que representa el manejo y disposición de determinadas informaciones de las personas en un entorno de big data y comercialización, es una cuestión de alta prioridad.

La gobernanza de datos en la Administración Pública hace referencia a un conjunto de procesos y roles específicos que, en un marco de políticas públicas, están destinados a asegurar la gestión, uso, calidad y accesibilidad a los datos gubernamentales, con el propósito esencial de velar por la toma de decisiones adecuadas, la eficiencia, la transparencia y la confianza en las instituciones estatales. La gobernanza de los datos públicos en la era digital es vital para determinar quién puede manejar y disponer de los datos, qué se puede hacer con ellos y cómo deben ser manejados desde su recolección hasta el momento en que dejan de tener utilidad; desde esta perspectiva es necesario un marco normativo e institucional conforme las necesidades y complejidades propias.

La actuación gubernamental se ha debido basar siempre en el acopio y gestión de información. Esto es y será siempre un factor clave, la cuestión es que nunca como ahora, consecuencia del desarrollo tecnológico y de la era exponencial, se le había exigido una capacidad de almacenamiento, capacidad de análisis y explotación de datos de tal alcance como el que hoy se le demanda. Esto hace que el modelo de gestión pública que se requiere en la actualidad para que el Estado y la Administración Pública enfrenten con éxito sus crecientes como tormentosos desafíos, así como los aportes que debe dar la academia, incorporen un eje que no solo aborde lo elativo a la tecnología y a la IA pura y simple, sino también a la forma en que se deben gobernar y gestionar los datos que se sistematizan.

La adecuada gestión de los datos públicos provoca mejoras importantes en los procesos administrativos, relacionadas con la calidad de las decisiones que se toman, la coordinación efectiva de los organismos involucrados, la confianza ciudadana, los procesos de modernización e innovación, la seguridad de las instituciones y los datos, la eficiencia estatal y otros. Del análisis de los distintos enfoques teóricos que se hacen respecto de la gobernanza de datos, queda claro que se privilegian tópicos que tienen que ver con sistema normativo, planificación estratégica, organización administrativa, asignación de funciones, derechos y deberes, participación ciudadana y régimen de responsabilidades; a partir de ellos se configura una subrama de la gestión pública: la gestión y gobernanza de datos.

Vista desde esta óptica conceptual, la gobernanza de datos implica un diseño jurídico e institucional en el que deben estar bien definidos los niveles políticos y técnicos del proceso, que involucra las facultades y ámbitos de toma de decisión, de recolección de informaciones y datos, de almacenamiento, de análisis, de disposición y gestión, de seguridad y de evaluación de impacto. Todo esto implica a su vez la creación de espacios de coordinación e interoperabilidad, dada la diversidad institucional existente, que permita que el necesario intercambio de conocimientos, informaciones y datos se haga sobre la base de objetivos compartidos planificados y de protocolos estandarizados, que contribuyan al uso racional y productivo de las herramientas y soluciones tecnológicas.

Ante la complejidad y los riesgos diversos a que nos expone la Inteligencia Artificial, en cualquiera de sus niveles o adelantos, los que aparecen sobredimensionados para el sector público, queda claro que a su implementación debe antecederle una labor de organización y creación de un ecosistema para el análisis y gestión de datos, que ayude a amortiguar esos riesgos e imprima mayor certeza a las difíciles decisiones que en su momento deben ser tomadas, pues ya la cuestión no trata de si se va a hacer uso de las aplicaciones de inteligencia artificial, sino de en qué momento y cuál se va a usar. En este orden, se han propuesto diversos modelos de gobernanza de datos, según la realidad de los países y las regiones, que aportan grandemente al análisis, gestión y control de los datos públicos.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2023), ha propuesto, desarrollado y aplicado ciertos elementos que ayudan a diseñar un modelo de gobernanza de datos en la Administración Pública, todo esto desde un enfoque de Estado Abierto, que se basa, fundamentalmente, en los principios de colaboración, transparencia, participación e institucionalidad. Para la CEPAL, la gobernanza de datos constituye un activo estratégico de las instituciones gubernamentales, que involucra personas, procesos, calidad y mejora continua de los datos durante todo su ciclo de vida; bajo este enfoque, es vital observar un flujo que implica creación o captura, almacenamiento, publicación, procesamiento, uso y eliminación o archivo de los datos públicos.

Todo esto nos invita a entender y actuar conforme a que es una tarea urgente la formación, capacitación y desarrollo de competencias digitales, gobernanza de datos e IA, con enfoque en los servidores públicos.

Sin el abordaje oportuno de los componentes de la gobernanza de datos, los que ponen a prueba la capacidad gubernamental en materia de análisis de políticas públicas y de análisis institucional, no es posible asegurar la implementación efectiva de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública; la gobernanza de datos es su condicionante excluyente, primero gobernanza, luego IA, de otra forma, sería un contrasentido.