La gestión pública como instrumento para la integración latinoamericana

Por Gregorio Montero

El mundo se ha hecho sumamente complejo, y todo indica que lo será cada vez más; la búsqueda de soluciones individuales a los serios y diversos problemas que aquejan a nuestras naciones no parece ser posible, lo globalización nos ha colocado en esta dimensión, las dificultades son globales, los esfuerzos para enfrentarlas deben serlo también. Por fortuna, la facilidad con la que podemos interactuar hoy, como consecuencia de los avances de la información y la tecnología, nos permite entender de mejor manera la situación, aunque sabemos que la geopolítica sigue siendo fundamental para poder actuar en clave integracionista, especialmente en contextos de polarización como los que estamos viviendo, de forma particular, en América Latina.

Desde este punto de vista, la integración es sin duda un proceso en el que varios países definen líneas de acuerdos específicos, con el propósito de cooperar en determinados aspectos o renglones que resultan de común preocupación y atención; se generan unos ámbitos de convergencia entre los estados, que hacen mutar los conceptos de frontera, nación y soberanía; muchas decisiones importantes pasan a tomarse en el nivel supranacional. Hay que entender que los procesos de integración deben ser el resultado de la expresión de la voluntad política de los gobernantes de los países en un contexto histórico, geográfico y político determinado.

Los procesos de integración, sin importar la región del mundo, pueden versar sobre asuntos políticos, sociales, económicos, culturales, medioambientales, de seguridad, paz, defensa, estabilidad, entre otros; de todas formas, detrás de todo acuerdo de integración de países, no importa su objeto especifico, está la idea de mejora de cada una de las naciones que hacen parte, debiendo aparecer, eso sí, el bienestar de las personas en el centro.

Los esfuerzos de integración se conocen y se pueden efectuar a nivel global, regional y subregional; en lo global, el esfuerzo más importante, aunque con muchas dificultades, es el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del cual se despliegan también acciones de integración de carácter regional y subregional, relativas a cuestiones generales y específicas. Los procesos de asociación e integración de países, cualquiera que sea su nivel, son, en esencia, procesos políticos que responden a una estrategia, por lo que requieren de la voluntad y firmeza de sus actores; ellos son, en consecuencia, bastante dinámicos y complejos; el gran desafío es lograr en cada país la aplicación efectiva de los acuerdos concretos que derivan de dichos procesos.

A los fines de este trabajo, tienen más importancia los procesos de integración a nivel regional, los cuales, sin dejar de serlo, resultan menos complejos, ya que responden a entornos problemáticos más acotados, menos diversos; se pueden fijar ámbitos de cooperación y coordinación más predecibles en lo político, lo social, lo cultural y lo económico. En este contexto, aunque no es el foco de este trabajo, es importante destacar siempre el gran logro, aunque con sus notables sombras, que ha significado la creación y el desarrollo de la Unión Europea (UE); la integración regional permite ver y enfrentar los problemas con una visión de conjunto y sentido de solidaridad en el área geográfica de influencia, lo que, ante recursos escasos, es de gran importancia.

En América Latina son muchos los esfuerzos y procesos de integración y asociación de países que se han desplegado históricamente, a nivel regional y subregional, con el propósito de acordar y establecer entre las naciones mecanismos de cooperación y promoción del desarrollo político, económico y social. La Organización de Estados Americanos (OEA) constituye uno de los más sobresalientes, pero con muchísimas dificultades para cumplir con sus cometidos.

Además, otros esfuerzos de gran importancia en la región se han hecho a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP); y muchos otros.

Esto nos dice que los esfuerzos no han faltado, pero la realidad indica también que no se han alcanzado los objetivos, pues a veces parece que, en muchos sentidos, los latinoamericanos estamos más distantes entre nosotros mismos que de otras regiones del mundo.

Es cierto que son muchas las barreras que se interponen para el éxito de los acuerdos entre los países, tales como las ideologías, el intervencionismo de ciertas potencias, el escaso desarrollo político, los intereses individuales, la codicia, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el crimen organizado, la gobernanza supranacional que se precisa, la falta de confianza de los ciudadanos, entre otros; pero también sabemos que en muchos casos es la falta de institucionalidad la que impide que ciertos gobiernos puedan implementar a lo interno los acuerdos alcanzados.

Es por ello que entendemos que detrás de todo acuerdo de integración y cooperación internacional deben aparecer las estrategias para su puesta en marcha en cada país; es ahí donde aparece la gestión pública, pues todos ellos implican siempre la preparación institucional para avanzar en su despliegue, lo que requiere de los diagnósticos y abordajes jurídicos e institucionales y presupuestarios pertinentes, de la adopción de estrategias de gestión relacionadas con la planificación estratégica, la organización administrativa, el diseño de los procesos administrativos, la gestión del talento humano, la buena administración, el gobierno abierto, la tecnología de la información, la evaluación y seguimiento, la transparencia y lucha anticorrupción, entre otras.

La clave para el éxito de los procesos integracionistas y los acuerdos internacionales en América Latina está en que de ellos sean parte las recomendaciones institucionales que corresponden para su efectiva ejecución, tomando en cuenta la realidad de cada país integrante; esto es lo que permitiría que a la vez los países avancen en la definición de sus propios modelos de gestión pública, que les permitan avanzar institucionalmente. Una muestra de todo esto es lo que ocurrió antes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 2000-2015, y lo que está ocurriendo ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 2015-2030; muchas dificultades, dada la fragilidad institucional, han tenido y siguen teniendo nuestros países para lograr las metas fijadas.

Es importante destacar aquí el gran intento que se hace en esta dirección a través del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que, si bien no es propiamente un instrumento de integración regional, pues sus decisiones no tienen efectos jurídicos vinculantes sobre las naciones, es un organismo internacional que forma parte del Sistema de las Naciones Unidas, compuesto por los gobiernos de todos los países de nuestra región, pero que también integra a los tres países de la Península Ibérica y a dos países de África, 23 en total. El CLAD propone, discute y aprueba con los países miembros cartas y documentos relacionados con la gestión pública, que sirven de orientación y referencia para que los gobiernos los adapten en sus normativas y prácticas administrativas internas.

El desafío en este orden debe ser que los gobiernos asuman en los mecanismos de integración latinoamericana, sean regionales o subregionales, las herramientas necesarias sobre gestión pública, incluso, incorporando e intercambiando las mejores prácticas de aquellos países que más han avanzado. La gestión pública, estamos convencidos, es el instrumento que ha hecho falta a los múltiples y sostenidos esfuerzos y procesos de integración de nuestra región.

Estamos altamente persuadidos de la tesis de que, para la efectividad de la integración internacional regional y el cumplimiento de los acuerdos tomados en un su seno, una institucionalidad internacional regional, también hace falta. En consecuencia, se debe entender y asumir la gestión pública como uno de los instrumentos vitales de los procesos de integración, hay que valorarla y hacerla parte de los acuerdos.