La corrupción administrativa, creadora de pobreza y otras desgracias

Por Gregorio Montero

La corrupción administrativa ha alcanzado niveles de tanta magnitud en la sociedad moderna que en ocasiones parece que existe una tendencia que pretende normalizarla, presentándola como una expresión de las habilidades de ciertos personeros que, medrando dentro y alrededor de los cargos públicos, logran, de manera ilícita, hacerse de fortunas incalculables, a costa de los ya menguados recursos del pueblo. Esta peligrosa tendencia dificulta en muchos casos llevar a cabo análisis objetivos en relación con los tipos de hechos corruptos que tienen lugar en la Administración Pública y con los daños que estos causan a las sociedades; esto debe obligar a redoblar los esfuerzos para hacer entender que, con la corrupción administrativa, en ninguna de sus formas, se puede contemporizar.

Lo anterior, somos de opinión, solo es posible enfrentarlo si somos capaces de estudiar y evidenciar la corrupción administrativa desde la misma raíz de su significado y en cada espacio o lugar donde ella se produce; a cada actuación indebida en el sector público, transgresora de normas, valores y principios, hay que llamarle por su nombre, sin el más mínimo ápice de duda. Esto nos conmina a comprender e internalizar el origen y significado histórico de la palabra corrupción, la que es una derivación del vocablo latino corruptio, que es consecuencia del verbo corrumpere; ambos se utilizaban para referirse a todo aquello que implicaba romper, alterar, pervertir, destruir y estropear las normas y las costumbres del entorno social.

La corrupción administrativa, desde esta óptica, constituye, así hay que verlo, una expresión y un indicador del estado inferior y degenerativo de ciertas formas de gobierno, así como de la decadencia moral de determinadas sociedades; lamentablemente, tiende a convertirse en un fenómeno generalizado en las sociedades modernas, lo que hace que parezca a veces que está fuera de control. Por desgracia, la corrupción, durante todo su desarrollo y evolución, ha venido acompañando las estructuras de poder, las que la han usado y usan para consolidarse en cualquiera de sus campos: poder político, poder económico, poder social…; se trata, en definitiva, de acumular más poder que el que ya se tiene, procurando beneficios infinitos, de carácter individual o grupal.

Las múltiples expresiones de corrupción que se conocen no son fortuitas, son el resultado de un diseño histórico meticulosamente dirigido, con representación política, social y económica garantizada en el Estado y sus instituciones, con las que logran manejar con cierta destreza y éxito circunstancial; solo hay que analizar cómo las distintas formas se han entronizado en los estamentos de poder y de decisión: robo, malversación, soborno, tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, obstrucción de justicia y otros. Todas ellas, son instaladas en las estructuras institucionales con el único propósito de colocar el interés particular por encima del interés general, resultando siempre beneficiado, cual perfecta alianza, un funcionario público o un actor privado.

La cuestión central en todo esto no es solo la lesión moral e institucional que provoca la corrupción, es el daño social irreparable que ella implica, perjudica de manera extrema a la ciudadanía, priva de derechos a las personas, detiene o anquilosa el desarrollo y genera hambre y pobreza, con lo que profundiza las desigualdades; todo esto ha llevado a que los organismos internacionales, sin distinción, hayan asumido la corrupción administrativa como un verdadero flagelo al que hay que combatir con todas las fuerzas. Así lo demuestran las diversas estrategias globales anticorrupción que se han diseñado y se siguen diseñando. La captura del Estado por parte de intereses inescrupulosos e inhumanos se ha convertido en una preocupación vital, que no permite a los sensatos mirar hacia los lados.

La pobreza, a pesar de lo tanto que se ha analizado y dicho sobre ella, muchas veces con serias contradicciones, cuenta con su propia dimensión conceptual, la que aparece asociada al fin último del Estado (el bienestar social), a la disminución de la calidad de vida y a la imposibilidad de los hogares para contar con los recursos que se requieren para suplir las necesidades básicas de quienes los conforman, así como a la privación de las capacidades y derechos de los ciudadanos. En el marco de esta visión conceptual se obliga a identificar con claridad a los pobres, su localización, sus medios de vida y los niveles y las causas que determinan la pobreza; esto es lo que va a permitir diseñar las políticas y estrategias adecuadas para su mitigación y erradicación, de forma sostenida.

La pobreza responde a variadas y complejas causales, algunas de ellas son de carácter externo, tales como la desigualdad entre países, los modelos de consumo, la deuda externa, los flujos migratorios, entre otras; también inciden causales de carácter interno, donde destacan los problemas estructurales, las políticas macroeconómicas, la desigualdad en la distribución de los ingresos, la exclusión social, etc. Con todo esto, especialmente los factores internos, los gobiernos se obligan a crear nuevos medios y oportunidades económicas en todos los órdenes, a promover el desarrollo, a mejorar los sistemas de protección social y a elevar la calidad de los sistemas de prestación de servicios públicos, lo que implica trascender, ir más allá de las meras intenciones y los discursos.

En lo que respecta a nuestra región, se ha estudiado y determinado que la corrupción, que es motivada por factores internos y externo, incide decididamente en la pobreza, aunque también se sabe que la lucha contra la corrupción por sí sola no es garantía de erradicación de la pobreza. En todo caso, se precisa de un conjunto de políticas inclusivas que a la vez incorporen, de manera transversal, acciones concretas anticorrupción dirigidas a proteger y preservar los recursos públicos, evitando que sean distraídos por los particular; recursos que puedan servir para el fortalecimiento del sistema democrático y la financiación de los servicios públicos, y estos, como consecuencia, ser prestados bajo los criterios de igualdad, universalidad, oportunidad, calidad, regularidad, equidad y justicia social.

La desviación de los dineros del erario para el enriquecimiento de terceros, junto a la ineficiencia administrativa, en países en vía de desarrollo como el nuestro, son el principal obstáculo para la superación de la pobreza; solo pensemos en cuantos problemas sociales se pueden resolver con los recursos públicos que se van por el hoyo de la corrupción: mortalidad infantil, efectividad de los servicios, violencia contra la mujer, sistema sanitario, sistema educativo, seguridad ciudadana, cambio climático, seguridad alimentaria, seguros de salud, sistemas de pensiones, etc. De hecho, el profesor e investigador chileno Daniel Kaufman (2000) ofreció el sugerente dato de que con el dinero que pierden los Estados como consecuencia de la corrupción se podría elevar en un 400% el ingreso de los ciudadanos.

Desde la academia han sido propuestos diversos enfoques teóricos que sirven de base para el estudio la corrupción administrativa y su impacto en la pobreza; se destaca la visión institucionalista, que plantea que ella se produce en el seno de una institución pública, y se verifica cuando son transgredidas las normas y los procedimientos; también es digna de mención la visión o enfoque racional, cuyos sustentadores parten de la idea de que la corrupción se pone de manifiesto cuando se rompe o distorsiona la racionalidad que pauta la relación que debe darse entre gobierno, funcionario y ciudadano, con lo que los dos primeros privilegian los beneficios personales y grupales. Otras corrientes estudian la corrupción tomando en cuenta sus efectos sobre los mercados y su vínculo con la política.

Con razón ha escrito la especialista colombiana Ana María Arteaga, que tal vez la mejor manera de empezar a resolver la problemática de la corrupción y la pobreza es procurando el empoderamiento de los pobres. Desde nuestra mirada, es necesario entender en este contexto que la corrupción administrativa, aquí su mayor complejidad, no constituye únicamente una actuación individual, sino que ella se produce porque además ciertas condiciones sociales, políticas, económicas e institucionales la facilitan; por ello el riesgo latente de que se haga sistémica y nos condene a vivir para siempre en sociedades, más que pobres, empobrecidas, con seres humanos extremadamente desiguales.

La corrupción administrativa hay que asumirla y tratarla como lo que es, la expresión más degradante, inhumana, desalmada y perversa del Estado moderno, y la pobreza hay que verla como una de sus consecuencias más indignantes e inaceptables. Combatirlas ambas a la vez, al corrupto, al corruptor y las condiciones que las permiten, es la tarea más noble e inaplazable de los poderes públicos, de los gobernantes y de la sociedad.