La continuidad del Estado como base del desarrollo nacional

por Gregorio Montero

A veces puede resultar útil comparar el sistema de funcionamiento del Estado con el de un automóvil; los poderes públicos son el motor de la nación, toman las decisiones y trazan las políticas que permiten al gobierno poner en marcha la sociedad, y la Administración Pública es la transmisión que, con base en el sistema de navegación, es decir, la planificación, da sentido, direccionamiento y dinamismo a la marcha del motor del Estado y la nación. Como la maquinaria del auto, la del Estado debe estar bien aceitada para funcionar de forma regular, sin interrupción y milimétricamente armonizada y combinada, pues solo así, tanto el auto como la sociedad, podrían ser conducidos al destino previamente concebido en el sistema de navegación.

A propósito de la regularidad con la que debe funcionar el Estado, diversas teorías, enfoques y prácticas han sido esgrimidos con el propósito de demostrar la tesis de la continuidad el Estado como condicionante del desarrollo nacional sostenible. Desde una postura más jurídica, esta tiene su origen en el ámbito del Derecho Internacional, y plantea que el Estado es un sujeto de derecho, tanto en el plano nacional como en el extraterritorial, es una persona jurídica, en consecuencia, mantiene su identidad, compromisos y las obligaciones jurídicas que haya asumido, independientemente de los cambios de gobierno que se producen como resultado del principio de la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder.

Esta tesis recibió un espaldarazo con el denominado Protocolo de Londres de 1831. En este orden se pronunció el fallecido tratadista, jurista y juez australiano James Crawford (2015), cuando estableció que la continuidad del Estado se fundamenta en su identidad política y jurídica, así como en los elementos que la constituyen, de manera particular, el territorio y la población.

Desde nuestro punto de vista, la efectividad del Estado moderno está asociada, necesariamente, a su regularidad y continuidad, por lo que los cambios en su interior no deben afectar en nada sus relaciones y ataduras jurídicas previas; la continuidad en este caso se erige como un principio central del Estado, y guarda una relación indisoluble con el sistema político y electoral.

Constituye una máxima que el Estado no se interrumpe ni se extingue por el hecho de un cambio de sus autoridades o de la sucesión gubernamental, por tanto, sus derechos y deberes persisten a pesar de ello; esto es saludable para la seguridad jurídica y la debida protección de los derechos de las personas, incluso para su propia protección, pues el Estado también tiene derechos e intereses que deben ser asegurados.

De hecho, las cláusulas que modernamente le sirven de sustento (social, de derecho, democrática y de justicia), encuentran fundamento en la idea de continuidad y regularidad de su funcionamiento, así como en los principios de estabilidad y previsibilidad; precisamente, las cláusulas de derecho y de justicia buscan evitar los vacíos jurídicos que, por efecto de la interrupción del Estado, pueden producirse.

Abandonando un poco el enfoque jurídico, para adentrarnos en uno más social y de gestión, es importante destacar la vinculación de la tesis de la continuidad el Estado con las políticas públicas, así como con la visión de la planificación estratégica de la Administración Pública; en este escenario la regularidad en el funcionamiento de las instituciones estatales adquiere mayor relevancia, toda vez que se trata de la operatividad diaria que involucra la gestión de los servicios públicos y los trámites administrativos. Todo esto guarda estrecha relación con los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, vistos en un enfoque de buen gobierno, buena administración y gobernabilidad democrática; no podemos olvidar el redimensionamiento que modernamente ha experimentado la relación Estado-sociedad.

En este contexto de continuidad del Estado, se coloca en juego la capacidad de este para poner en marcha y mantener políticas, programas y acciones coherentes que a corto, mediano y largo plazo contribuyan al desarrollo humano integral, desde una perspectiva nacional y sostenible. La clave aquí es la correcta planificación y ejecución de las acciones, y que el cambio de autoridades políticas y administrativas se produzca de manera natural, sin obstaculizar la debida marcha, ni afectar su eficacia, eficiencia y legitimidad; para esto, se deben tener muy en cuenta los ODS y se requiere, además, de un ejercicio de efectiva gobernanza, propiciando la participación de la ciudadanía y de todos los actores y fuerzas vivas de la sociedad.

La efectividad en la solución de los problemas a los que se enfrenta el gobierno día tras día debe ser verificada debidamente. Solo cuando no haya efectividad se puede justificar que se produzcan cambios en las políticas y acciones; por esto es importante entender que los mecanismos de evaluación de la gestión institucional juegan un rol central en lo que a continuidad se refiere.

Cuando la detección y análisis de los problemas sociales se hace de forma apropiada, cuando la solución de estos problemas es bien planificada, y cuando la ejecución y el control responden a los métodos científicos, entonces, los caprichos personales y grupales y los sesgos ideológicos no alcanzan para interrumpir la marcha regular del Estado y sus instituciones.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, la continuidad del Estado encuentra justificación en la pertinencia e impacto que estas puedan producir en el bienestar de la ciudadanía, por lo que deben responder al ciclo lógico que las caracteriza, de hecho, el origen de continuidad se ubica en la evaluación; también, deben estar acompañadas, en su implementación, de un modelo de gestión pública basado en ciencia, principios, métodos y resultados. ¿Por qué interrumpir la marcha del Estado cambiando, por ejemplo, la política de salud, si esta, en sentido general, cumple con los requerimientos? Probablemente, lo que procede es hacer, siempre es posible, un cambio de enfoque, direccionamiento o ajustes menores, sin afectar la estabilidad estatal y administrativa.

Eso sí, diversos eventos pueden incidir significativamente en la interrupción de la dinámica de la Administración Pública, los que obligan a actuar de manera preventiva; estos pueden ser motivados por fenómenos naturales, políticos, económicos, sociales y legales, que deben ser considerados dentro de la planificación estratégica, especialmente en la parte dirigida a asegurar el transcendente principio de continuidad el Estado y la desafiante tesis de la capacidad estatal, que abordamos en un artículo anterior. Precisamente, es a esto que, entre otras cosas, nos convoca cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, a planificar y proyectar acciones de forma tal que, sin importar los cambios internos que ocurran, el Estado continúe, sin interrupción, su curso hacia la solución de los problemas.

Si no es así, de qué forma resolverían las naciones sus problemas estructurales, los que requieren de atención de largo aliento, relacionados con pobreza, desigualdad, educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, medio ambiente, justicia y fortalecimiento institucional. Esto solo se enfrenta exitosamente, así está demostrado, con estrategias suscritas por el gobierno y todos los actores políticos, sociales y empresariales, en las que se establecen los compromisos, especialmente el de continuidad del Estado, las políticas y los proyectos de desarrollo sostenible; así se podría lograr con éxito eliminar las barreras que impiden que los ciudadanos vivan una mejor vida.

 Para el Premio Nobel de Economía (1998), el economista y catedrático de origen indio, Amartya Sen (1999), la continuidad del Estado, desde el punto de vista social, no está limitada al solo crecimiento económico, sino que está vinculada a la expansión de las libertades de las personas para llevar la vida que desean vivir.

La continuidad el Estado, sea vista desde su acepción jurídica, o desde su acepción social, es vital para asegurar el avance de las sociedades y las naciones, por lo que deben ser prosternadas y erradicadas las azarosas interrupciones que, motivadas por cualquier nimiedad o manifestación del bajo desarrollo político e institucional, afecta la ejecución de los programas y la marcha y avance natural del engranaje estatal y de la Administración Pública. Interrumpir la marcha de las instituciones es postergar o anular la solución de los problemas sociales y el bienestar de la gente.