Impacto de la innovación ciudadana en la gestión pública

Por Gregorio Montero

Generalmente, cuando se aborda el tema de la innovación en el sector público se hace estudiando los procesos innovadores que emergen desde lo interno de la propia administración, sin embargo, una importante y amplia corriente administrativista permeada fuertemente por lo social, se ha dedicado a analizar, entender y explicar la necesidad y valía que tiene el hecho de que la sociedad se involucre en los procesos de mejora de las instituciones y los servicios públicos, aportando nuevas y acertadas ideas. Queda claro que, desde su rol de usuarios, los ciudadanos y ciudadanas pueden colocar a disposición de los gobernantes, propuestas novedosas fundadas en sus experiencias, positivas y negativas, producto de sus intensas relaciones con la Administración Pública.

Es que la innovación desde la ciudadanía responde a aquella sabiduría que resulta imprescindible en los procesos de cambios institucionales y de modernización de los procesos administrativos. Nos referimos a la sabiduría popular, esa que se adquiere desde las vivencias y, muchas veces, desde la amargura, y sintetiza saberes, tradiciones y creencias que se ponen de manifiesto con el objetivo de beneficiar a la mayoría. Esa voluntad de participación para construir hay que dejarla fluir, expresarse, por lo que resulta imperativo diseñar y poner en práctica mecanismos adecuados que propicien la innovación ciudadana, y con ello impactar en la transformación de la gestión pública y la certeza al procurar solucionar problemas públicos.

Bajo esta mirada, no solo se hace referencia a los mecanismos tradicionales de participación social, sino también a otros de mayor calado, como los laboratorios de innovación social, que, desde hace cierto tiempo, vienen tomando fuerza a nivel global en países como Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Singapur, y otros. En Latinoamérica también se señalan esfuerzos interesantes en este renglón, destacando a Chile, México y Brasil. Estas informaciones y datos han sido recogidos y sistematizados en el Índice Mundial de Innovación, específicamente en la publicación de 2024 (se publica anualmente); este ranking es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

De la misma manera, dicho instrumento reconoce avances importantes en nuestro país, tomando en cuenta de forma especial el Laboratorio de Innovación Pública (LIP-RD), creado en el año 2022 con el impulso del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el apoyo de la Unión Europea (UE), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con cuyos auspicios se hizo una convocatoria a presentar proyectos de innovación ciudadana en Santo Domingo, relacionados con temas de interés social, como urbanismo, gestión de desechos, calidad del agua, transporte público, entre otros.

La innovación ciudadana encuentra un gran apoyo en el derecho fundamental a la participación, y en su corolario, el derecho de libre acceso a la información pública, pues sin información no hay participación efectiva; también le sirve de soporte el derecho fundamental a la buena administración, en tanto resume principios centrales como trato digno a las personas, transparencia, rendición de cuentas y facilitación de trámites. Pero, donde los especialistas inscriben con mayor rigor el estudio de la innovación ciudadana en la gestión pública es en el ámbito del enfoque de gobierno abierto, en el marco del cual se sintetizan los conceptos generales y las estrategias que hacen posible una intervención innovadora de la ciudadanía, a partir, especialmente, de uno de sus pilares, el de la colaboración.

Gestionar lo público hoy implica entender que desde la propia administración sola no es posible identificar y atacar con éxito los problemas sociales. Hay que tomar en cuenta, con debido cuidado, las nuevas dimensiones, por lo que se requiere hacerlo de forma co-creativa y co-productiva,  de mano con la sociedad; la colaboración es una condición, de ahí la importancia de asumir metodologías abiertas, interactivas, cuyo centro de diseño y actuación son las personas, y deben hacer parte del entramado de las políticas públicas. Ante esto, sin duda, deben ser adaptadas las instituciones estatales, para poder generar un modelo de gestión pública colaborativa, ya que solo así dichas metodologías podrán encontrar base de funcionamiento y arraigo en el sector público.

En preciso tener claridad en que, si bien la innovación ciudadana debe apoyarse en soluciones tecnológicas, el enfoque correcto debe centrarse más en la inclusión y participación de la gente y en los contextos, problemas y retos más sentidos por la población; hay que asumir, incluso, que los mecanismos de participación innovadora constituyen espacios de experimentación social, en los que se toma en cuenta que existen distintos niveles de conocimientos y experiencias entre los ciudadanos y ciudadanas vinculados. Como lo ha dejado claro el uruguayo, experto en innovación pública, Pablo Pascale (2018), la inteligencia colectiva puede canalizar soluciones más efectivas y sostenibles que las que provienen de las instituciones sin la participación de la ciudadanía.

Las expresiones de innovación ciudadana en la gestión pública colocan los procesos participativos en otra dimensión, le imprimen a la gente un real y mayor sentido de pertenencia y de apropiación respecto de la cosa pública; ya no se trata solo de mecanismos de escucha y de consulta, por cierto, estos no fueron suficientes, ahora se trata de un nivel superior, en el que se co-construyen políticas y acciones gubernamentales desde el mismo lugar donde existen y se verifican las dificultades, es decir, desde las propias comunidades, con el involucramiento de quienes los padecen y los sienten. Esta es, precisamente, la dimensión donde se fraguan los laboratorios y los semilleros de innovación pública, sobre la base de acciones acordadas entre gestores públicos y ciudadanía.

Está más que demostrado que la innovación pública requiere de una labor colaborativa, y esta nos hace entender a su vez que entre instituciones públicas y ciudadanía existe como mediador natural la confianza, la confianza mutua; en esta se basan las estrategias colaborativas y de co-creación en el sector público.

Es cierto que este enfoque de innovación ciudadana exige romper barreras asociadas a la posibilidad de ceder poder, a la potestad de ejercer control, lo que hace que ciertas autoridades gubernamentales muestren resistencia; otras están asociadas, es cierto, a la inflexibilidad de los procesos administrativos, y otras a la inseguridad a la que se pueden exponer las instituciones al compartir información. El reto aquí es encontrar el necesario punto o zona de equilibrio.

Ha quedado demostrado también que cuando los procesos de trasformación de las instituciones públicas se asumen en serio, la sabiduría popular es insustituible, pues los ciudadanos, aun careciendo de rigor técnico, a su manera, dicen y sugieren aquello que necesitan saber los técnicos responsables de las políticas públicas; por tal razón, hay que propiciar los mecanismos que ofrezcan la libertad y la confianza para crear y generar ideas innovadoras, y ponerlas en práctica; ideas que, desde los conocimientos, las experiencias y la diversidad, sirvan para mejorar los servicios públicos, dotándolos de la eficiencia, la certeza y la calidad que ella misma, la ciudadanía, demanda. Recordemos que, sin democracia, ya lo hemos dicho antes, no puede haber innovación pública ni social.

¿En verdad se puede mejorar con éxito un servicio o un trámite administrativo sin preguntar y conocer los puntos de vista de los usuarios? Siendo honestos, en el contexto de la Administración Pública de hoy, la respuesta es clara, no es posible. Por eso, la visión de abrir el gobierno no trata solo de la innovación pública, incluye, además, necesariamente, catalizar la innovación ciudadana, aquella que se produce en el seno de la sociedad, lo que requiere, por obligación, de una institucionalidad pública que la promueva y la sustente, y de un cambio cultural que traiga consigo la erradicación de la opacidad y el secretismo que se apoderó históricamente de las estructuras estatales.

Como colofón, podemos afirmar que una condicionante de éxito de la gestión pública es propiciar y garantizar mecanismos que permitan que la innovación ciudadana se ponga de manifiesto.