Administrar las instituciones públicas con base en valores

Por Gregorio Montero

Las instituciones pueden avanzar de manera sostenida en la medida en que sean capaces de consolidar una cultura organizacional que resume ciertos elementos de carácter positivo que se hacen estables sin importar el paso de los años; resultan tan poderosos que aseguran que los integrantes de la organización se identifiquen a través de ellos, exhibiendo en todo momento un comportamiento particular que les identifica y les hace reconocibles dentro, a veces fuera, de su entorno asociativo. La cultura es parte integral de los ámbitos organizativos, por lo que es sumamente importante trabajarla de forma cuidadosa en el fragor de las operaciones y con el pasar del tiempo; esto es tan importante como cualquiera otro de los factores institucionales.

Si asumimos la cultura organizacional como un proceso que alberga un conjunto de componentes, asumidos como válidos que hacen posible que los individuos y grupos que interactúan en un entorno asociativo determinado, laboral o de otra índole, sean capaces de integrarse y adaptarse, exhibiendo una conducta considerada correcta, con el propósito de alcanzar unos objetivos que han sido definidos previamente y que se hacen comunes. Dentro de los componentes que configuran una cultura organizacional se encuentran, sin exclusión de otros, las normas, las motivaciones, las convicciones, las creencias, los valores, las actitudes y los comportamientos.

Como vemos, los valores hacen parte de los elementos de la cultura organizacional; ellos constituyen enseñanzas y aprendizajes institucionales, con manifestaciones estratégicas y tácticas, que inspiran y moldean el comportamiento de las personas dentro de una organización. Los valores, para serlo realmente, deben perdurar en el tiempo, y ser el resultado de la convicción de que una determinada forma de actuar y comportarse contribuye mejor al logro de los propósitos que dieron origen a la organización. Los valores se arraigan en creencias de ponderación positiva, por ello se convierten en fuerza motriz que impulsa el espíritu, la razón y la acción, y son generadores de significativas satisfacciones que engrandecen la condición humana.

Es a ellos que, de manera particular, queremos dedicar este artículo, tomando como contexto obvio las instituciones del sector público. En los entes y órganos del gobierno los valores ocupan un lugar central, pues la Administración Pública se rige por un determinismo material que es consecuencia de la esencia y de los propios fines del Estado, lo que condiciona y exige a la vez que el funcionamiento de las instituciones que la integran sea conforme a unos valores que, en ninguna circunstancia, puede haber transacción respecto de ellos. Los valores en que se sustentan las instituciones gubernamentales son de estricta observación, de lo contrario, su accionar entra en contradicción con su propia naturaleza y pone en juego su legitimidad.

La misma existencia de la Administración Pública se justifica en el supuesto de que esta asegura el bienestar de la gente, pero actuando bajo la orientación de un sistema de valores imprescindibles, que responden siempre a los legítimos intereses de la sociedad y a la filosofía del Estado en un contexto específico. Los valores en los que deben sustentarse las instituciones públicas jamás pueden estar divorciados de lo que la ciudanía espera y de aquello a lo que el Estado se obliga; los valores deben expresar y representar, en parte, los designios insoslayables del contrato social, como acuerdo vital de voluntades de gobernantes y gobernados, garante, en estos tiempos de convulsiones inauditas e infinitas, de la gobernabilidad democrática.

Como afirmara el profesor y autor español Martin Castilla (2006) “…la Administración Pública debe de escoger continuamente medios y fines al mismo tiempo, afrontando el futuro con valor y diferenciándose por sus valores al servicio de la ciudadanía y el progreso de la sociedad democrática.”

Bajo este prisma, las instituciones estatales, en la búsqueda de dar cumplimiento a la misión que se les ha encomendado y de alcanzar la visión propuesta, están compelidas a conducirse con estricto apego a un sistema de valores cónsonos con su razón de ser, pues ellas existen, o deberían existir, por una necesidad social, no por un capricho o por apetencias personales o particulares. Esos valores, sean estratégicos, los de largo y mediano plazo, o sean tácticos, los del día a día, los cotidianos, deben ser internalizados y asumidos por todos los servidores públicos, especialmente por los directivos, que tienen bajo su responsabilidad la conducción de dichas instituciones.

De cualquier forma, en términos concretos, en el caso de la Administración Pública dominicana los valores generales a los que debe ceñirse están marcados por la filosofía estatal y el texto constitucional, así como por leyes adjetivas, los cuales sirven de marco a la construcción y consolidación de valores específicos en los entes y órganos del gobierno. Dentro de ellos se deben citar democracia, interés general, legalidad, derechos humanos, dignidad humana, bienestar social, justicia, desarrollo sostenible, ética pública, centralidad ciudadana, participación, valor público; estos valores son definidos y asumidos desde la esencia y profundidad ética y moral de la sociedad y del Estado.

Con base en estos determinismos morales, y a la luz de las atribuciones, los objetivos y los servicios públicos asignados, las instituciones deben definir sus propias cartillas de valores, los que deben ser irradiados a todo el personal, pues estos deben conocerlos muy bien, hacerlos suyos, sentirlos, e incorporarlos a su accionar.

Estos valores deben ser definidos a partir de la estrategia institucional y de la misión y la visión que de ella se desprenden. Este enfoque debe responder a una estrategia de gestión pública en valores, que implica que las autoridades gubernamentales tomen decisiones y actúen priorizando las necesidades más sentidas de la población y el desarrollo humano integral.

De conformidad con lo dicho anteriormente, los entes y órganos deben fijar sus valores específicos, pero deben hacer particular énfasis en aquellos que están referidos a la juridicidad, la responsabilidad, la calidad, la eficiencia, la innovación, los resultados, la honestidad, la transparencia, el compromiso, la rendición de cuentas, la atención al ciudadano y la inclusión, pues son estos los que sirven de marco y orientación al cumplimiento de sus fines.

Sin dudas, una estrategia de Administración Pública fundamentada en valores, aporta a la mejora en la prestación de los servicios públicos, así como al uso racional de los recursos disponibles y a la gobernabilidad, además de que contribuye grandemente a legitimidad de las autoridades.

En nuestro país, contamos con diferentes normas que pautan los valores de la Administración Pública. Estos se encuentran en la Carta Magna, en normas adjetivas y reglamentarias como las referida al libre acceso a la información pública, a la integridad y lucha anticorrupción, a las contrataciones públicas, a la función pública, al desarrollo sostenible, a los derechos de las personas en su relación con la administración y procedimiento administrativo, a la mejora regulatoria y simplificación de trámites, a la responsabilidad fiscal, y otras de igual importancia.

Pero se hace necesario convertir dichos valores, combinándolos con todos los esfuerzos que en materia de ética, integridad y transparencia se vienen desarrollando, en una estrategia que nos coloque en condición de gestionar lo público teniendo los valores como fundamento y siguiendo un criterio de transversalidad.

Importante es entender el rol que juegan los directivos públicos, el liderazgo institucional, en el despliegue de una estrategia de valores, pues a ellos les corresponde no solo internalizarla, cumplirla y difundirla, sino también asegurarse de su cumplimiento por parte del resto de los servidores públicos, dando el seguimiento necesario.

Administrar los entes y órganos del sector público desde una perspectiva de valores se constituye al final en un importante aporte para el fortalecimiento institucional.