INAP aborda nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas; normativa introduce sanciones penales por actos de corrupción

Santo Domingo. El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), a través de su Departamento Jurídico, realizó una nueva edición de su espacio Café Legal, con la conferencia titulada “Novedades de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas”, impartida por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

La actividad tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y reunió a encargados de las áreas jurídicas, de recursos humanos y a miembros de comités de compras de diversas instituciones del Estado.

Durante la apertura, el director general del INAP, Gregorio Montero, resaltó la importancia de la nueva Ley 47-25 y sus aportes al fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en los procesos de compras y contrataciones públicas de las instituciones del Estado.

En ese sentido, el catedrático explicó que, en América Latina, la inversión pública en materia de compras y contrataciones oscila entre un 8 % y un 16 % del gasto público, por lo que destacó la necesidad de un manejo responsable y transparente de los fondos destinados a estos procesos.

De su parte, Carlos Pimentel explicó que la nueva normativa constituye una reforma de la Ley 340-06, promulgada en 2006, con el objetivo de incorporar nuevos mecanismos que refuercen la seguridad, el control y la transparencia en las compras de bienes y servicios del Estado.

En ese marco, el funcionario indicó que la nueva legislación introduce sanciones de carácter penal para los funcionarios que incurran en prácticas corruptas vinculadas a las contrataciones públicas, así como la suspensión del Registro de Proveedores del Estado para aquellos que falseen información o participen en contrataciones prohibidas.

Asimismo, señaló que la ley establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, una plataforma en la que deberán registrarse todas las fases del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre de las contrataciones.

Pimentel también valoró el papel de los veedores ciudadanos, quienes actúan como supervisores de los procesos de compras del Estado y pueden denunciar irregularidades. No obstante, expresó su desacuerdo con que esta figura sea designada mediante decreto.

La Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas fue promulgada el 28 de julio de 2025 por el presidente de la República, Luis Abinader, y su reglamento entró en vigencia semanas después.

La actividad contó con la presencia de la subdirectora general del INAP, Rosa Camila Rivera; el subdirector de Educación a Distancia, Ángel Familia; la subdirectora de Mejoramiento Institucional, Sonia López; la encargada del Área Jurídica, Altagracia García; la encargada de Recursos Humanos, María Clemente, y Julany Cuesta, encargada del Departamento Técnico Académico.