El desarrollo visto a través de la ética

Por Gregorio Montero

Deseo dirigir las primeras líneas de este artículo a destacar dos hechos ocurridos en estos días que son de suma importancia para nosotros, el primero, que el pasado domingo 25 de enero de 2026 se conmemoró el día del servidor público dominicano, declarado así por la Ley No. 302-81, la que, entre otras responsabilidades, le establece al gobierno el deber de reconocer, destacar y alentar la conducta moral y civilizada de aquellos empleados que se hayan distinguido en el ejercicio de sus funciones, para que esto, además de elevar el nivel moral de dichos servidores, sirva de ejemplo a todos los que laboran en el sector público y a la ciudadanía en general. Sobre el contenido de esta Ley hicimos un amplio análisis en la entrega publicada en este medio el día 28 de enero del año 2025.

El segundo hecho, es que el pasado 26 de enero se celebró el natalicio del padre de la nacionalidad dominicana Juan Pablo Duarte, hecho histórico que no puede verse separado de la celebración del día del servidor público, por la relación estrecha que les une; recordemos que el prócer dedicó su vida al servicio público, desde la informalidad o la formalidad, según le correspondiera, siempre estuvo y actuó al servicio de los demás, entregando todo, literalmente todo. Y lo mejor, lo hizo siempre ceñido a los principios y los valores éticos más elevados, lo que nos permite afirmar hoy que el patricio, además de mártir, es el ejemplo cimero del servidor público dominicano honesto, por lo que, ante los momentos complejos que vivimos, debe ser el referente de permanente reivindicación.

Entrando en la materia central del presente artículo, el concepto de desarrollo humano está asociado a un proceso que genera condiciones en las que las personas ven ensanchadas las posibilidades y opciones que les permitan una mejor vida, con plenitud y dignidad; esto, en contraposición con lo que plantean algunas corrientes, al margen de la ética, que limitan el desarrollo al simple crecimiento económico. La cuestión es que el desarrollo, para que lo sea real y efectivamente, debe considerar determinados postulados y valores que colocan a los ciudadanos en la meta de la actuación estatal, donde la libertad, la salud, la educación, el trabajo digno, el medio ambiente, y otros, adquieren una centralidad indiscutible, como condicionante del bienestar físico, mental y social.

Este tema ha sido objeto de los más grandes debates en América Latina en los últimos años, los que se han profundizado en lo que va del presente siglo, y hay que reconocer que los mismos han aportado importantes resultados, lo que ha permitido diseñar propuestas de estrategias globales, regionales y locales dirigidas a enfrentar la situación que, en muchos casos, tiende a hacer ingobernables las naciones. Una muestra de esto es el gran esfuerzo realizado por la ONU para aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen una visión integral del desarrollo humano, donde las personas aparecen como la razón de ser del crecimiento económico, y se suma el problema del medioambiental como un basamento ético de obligatorio tratamiento, pues cuidar la tierra es ahora un asunto de vida o muerte.

Precisamente, este es el enfoque que se ha logrado fijar en los ODS, el que se vieron obligados a acoger, por lo menos formalmente, todos los países y gobiernos, independientemente de los retrasos que se verifican en su despliegue; de manera concreta, los gobiernos se comprometen a luchar, a través de políticas públicas inclusivas, por concretar los derechos humanos y sus respectivas garantías, por desmontar la pobreza y la desigualdad, por mejorar los sistemas de salud y de educación, por el combate a los efectos del cambio climático, por vivir en ciudades seguras, por la paz y la justicia, por asegurar la sostenibilidad alimentaria, por construir instituciones sólidas, transparentes y democráticas, entre otros. En fin, las acciones de los gobiernos deberían estar condicionadas por estas pautas.

Lo anterior es el resultado de una amplia reflexión y de debates que aún no concluyen, pues el sesgo “ideológico” se interpone con frecuencia, que se han apoyado en los fundamentos científicos y filosóficos de la ética, ya que la elección moral del Estado no puede marginar la ya indiscutida posición social de las personas frente a sus actuaciones y el nuevo enfoque que se asume en cuanto a las formas que caracterizan su relacionamiento con las autoridades públicas.

El Estado, como responsable de garantizar el complicado bienestar social, enfrenta con sus actuaciones serios dilemas, pues con ellas afecta intereses colectivos e intereses particulares, los que solo puede resolver con éxito colocando el análisis ético-moral como un pilar básico para la toma de decisiones, en síntesis, asumiéndolo como un faro que ilumina y guía su proceder.

Es así que se ha aceptado que alrededor del desarrollo humano se debe construir la denominada ética para la sostenibilidad, esta le es consustancial, que toma en cuenta y define epistemológicamente un conjunto de ideas relacionadas con la responsabilidad moral de todos los actores, entiéndase estructuras de gobiernos, gobernantes, ciudadanos, organizaciones sociales y empresarios, con el compromiso de garantizar la calidad de vida de la gente, en un marco de convivencia y respeto entre los humanos, y de estos con la naturaleza; desarrollo, sí, pero con ética. Esto parte del supuesto de la capacidad ética y social que tienen los seres humanos para reflexionar acerca de su propia sobrevivencia y la de su entorno, entendiendo con precisión que esto resulta incompatible con la injusticia.

En vista de que la ética traza pautas filosóficas y científicas que, bien aplicadas, contribuyen a mejorar las interacciones sociales, estudiando la conducta y comportamientos individuales y colectivos, y procura conducir a las personas por los senderos de la nobleza y el respeto, para que sean útiles a los excelsos fines la sociedad, ella resulta crucial para el desarrollo, en tanto, desde su prisma, podemos ser capaces de entender que no debe ser el estatus social, la posición económica, el origen étnico, el género, la ubicación geográfica o la discapacidad, los factores determinantes de que las personas vivan o mueran. Esta es una amarga realidad que hoy día, azarosamente, pone de manifiesto terribles indicadores que retratan las miserias humanas, pero que a la vez entorpecen la estabilidad social.

El profesor e investigador mexicano Pedro Cantú Martínez (2014), expone que lo dicho anteriormente es el resultado de un capitalismo neoliberal que se opone radicalmente a los principios de justicia social y de equidad, lo que hace que sus efectos impacten en las esferas política, social, económica, ambiental, cultural, etc., lo que a su vez trastoca la dignidad de las personas. Esto nos coloca ante una riesgosa disyuntiva que, para la sobrevivencia humana, nos obliga a aquilatar el valor y la preponderancia del saber ético, y a asumirlo como un deber moral, lo que nos debe llevar de forma inexorable a controlar el poder excesivo de ciertos grupos sociales que, apoyados en un modelo económico insostenible que lo permite, toman para su provecho particular de los recursos comunes a todos.

La visión moderna del desarrollo, que tiene que ser sin reparos sostenible, implica a todas luces un modelo económico basado en la racionalidad humana e inspirado en las aspiraciones legítimas de los ciudadanos; esa racionalidad encuentra su corolario en la idea de que las decisiones y actuaciones estatales tienden a la concreción del bien común, escenario en el cual deben generarse valores y creencias que resultan del uso correcto de los avances científicos y tecnológicos y replantean la forma de vivir en el planeta tierra. Con esto, una nueva cultura política debe ver la luz, y con ella una nueva ética que nos ubique ante la obligación moral de asumir el reto de velar por la existencia y preservación no solo de la especie humana, también de todas las especies vivientes.

¿Es mucho pedir? No creo, se trata de un imperativo de la conciencia ética del siglo XXI y de la responsabilidad que debe ser exhibida, principalmente por los gobernantes, quienes están conminados a entender y asumir el binomio inseparable ética y desarrollo, o desarrollo y ética, como se quiera analizar, desde las perspectivas humana y de sostenibilidad, y esto conlleva, necesariamente, ajustar el modelo político y el modelo económico, haciendo acompañar el último de un modelo de gestión estatal que sea capaz de administrar y distribuir equitativamente las riquezas disponibles, dejando a un lado históricos e inefables lastres y prácticas que solo han servido para arraigar injusticias y abusos sociales que exacerban los ánimos y producen intranquilidad en la población.