Las reformas administrativas vistas desde la perspectiva social

Por Gregorio Montero

La reforma del Estado sigue ocupando la atención de los gobernantes en todas partes del mundo, es la vía para producir cambios sostenidos, aunque de manera gradual, en la estructura estatal y en la organización y funcionamiento de los gobiernos; por eso, los procesos de reforma del Estado pueden ser de distintos tipos, de hecho, una gran cantidad de componentes lo identifican, y, según el contexto, estos son analizados, ejecutados y evaluados. Las reformas del Estado, ya lo hemos comentado en toros escritos, pueden ser políticas, jurídicas, sociales, económicas, administrativas, etc.; en ocasiones son diseñadas e implementadas por separado, en otras se abordan de manera integral, como un proyecto que, haciendo las priorizaciones pertinentes, se ejecuta con un criterio incremental.

Como se ve, la reforma del Estado plantea dentro de sus componentes o ejes uno que está relacionado con un conjunto de reformas específicas que afectan la organización y el funcionamiento de la Administración Pública; esta que, como sabemos, siendo la actividad central del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la compleja misión de hacer que la gente viva mejor, de llevarle felicidad y garantizar que el Estado cumpla con su compromiso irrenunciable con el desarrollo sostenible; así de importante es el rol de la Administración Pública, aunque a algunos les cueste entenderlo. Este eje de mejoras especificas se denomina reforma administrativa, y está destinado a impactar la manera en que se comportan las instituciones públicas para contribuir al logro de los fines estatales.

Las reformas administrativas son acciones debidamente planificadas, programadas y controladas, dirigidas a producir cambios significativos y a mejorar el aparato administrativo del Estado; ellas son consecuencia de diagnósticos que se realizan previamente para identificar y comprender los inconvenientes que dificultan la atención adecuada de los servicios y los trámites que la Administración Pública debe encarar. Esto hace que la reforma administrativa deba ser asumida siempre como un proceso de efectos desencadenantes, que obliga al análisis y revisión institucional permanentes, como única garantía de la necesaria adaptación y mejora que deben producirse para que el aparato público resulte funcional a las necesidades de una sociedad cada vez más demandante.

Hay que tener en cuenta que las reformas administrativas, en un escenario coherente de cambio, acompañan el resto de las reformas del Estado, pues, sin importar del tipo que estas sean, la mejora de las instituciones es una condicionante para su implementación efectiva; por ejemplo, una reforma normativa siempre debe estar acompañada de una reforma institucional, que permitirá que los organismos involucrados en la puesta en marcha de las nuevas normas sean objeto de las adecuaciones necesarias desde el punto de vista organizativo; lo mismo ocurre si la reforma es de tipo político o social. La reforma administrativa implica transformaciones considerables en la organización y operación de los entes y órganos públicos, en todo caso, conectadas con sus propósitos.

Falta entonces ver qué es lo que sirve de propósito a las reformas administrativas, cuál es la razón de llevarlas a cabo, por eso el título de este artículo, ya que lo más importante es entender sus fines, que no pueden ser marginales a los objetivos del propio Estado, al bienestar social y al bien común, esa es su esencia. Lamentablemente, muchos procesos de reforma administrativa han sido diseñados sin tomar en cuenta la dimensión social que los justifique, atribuyéndoles, erróneamente la condición de fin en sí mismos, y desechando la realidad que debe ser su sustento: un medio para servir mejor a las personas; ese recurrente despropósito de confundir el medio con el fin en la Administración Pública, incluso en lo elemental, le ha costado bastante al desarrollo institucional de nuestro país.

Por lo anterior, estas reformas deben ser regidas y orientadas por ciertos principios y valores. Algunos afectan la estructura organizativa y otros a las personas o servidores públicos, pero en cualquier caso son cónsonos con el desempeño de la gestión pública y con las necesidades de la ciudadanía. Toda reforma administrativa debe basarse en el principio de eficiencia, el que le indica la necesidad de contribuir a que la prestación de los servicios públicos sea de calidad y le resulte lo más económico posible al Estado, logrando así asegurar un gasto público racional; también se basa en el principio de igualdad, por lo que deben ser ponderados y reconocidos el rol y la atención de cada uno de los actores, sin ningún tipo de discriminación, y manifestando solidaridad con los menos favorecidos.

Las reformas administrativas se sustentan en el principio del interés general, que es el que de manera suprema sirve de base al funcionamiento del Estado y es garantía del logro del bienestar social. De hecho, este principio, que hace sucumbir cualquier interés particular que le contradiga, encuentra concreción en la justicia, en el respeto de los derechos fundamentales y en los sistemas de prestación de los servicios públicos. En este plano se estudia, además, y con particular interés, el principio de transparencia, que contribuye a que las actuaciones del gobierno atinentes a las reformas administrativas y sus resultados estén sometidos al escrutinio público, permitiendo así que la gente se exprese sobre ellos y que se creen las condiciones para establecer relaciones de confianza con los gobernantes.

De la misma manera, y relacionado con lo anterior, toma mucha fuerza el principio de participación, por lo que muchos de los esfuerzos en materia de reforma administrativa se centran de forma muy destacada en la promoción del involucramiento de la gente en los asuntos del sector público, desde el diseño de las estructuras organizativas, hasta los mecanismos formales y procedimientos por vía de los cuales se materializa la participación ciudadana, en tanto derecho, en la gestión pública. Un sin fin de otros principios, que no son menos relevantes, incide de forma importante en los cambios administrativos que se exigen en la actualidad, como legalidad, mérito, celeridad, economía, objetividad, coordinación, responsabilidad, y otros.

Los principios enunciados ayudan a entender con cierta precisión la dimensión social que acompaña o debe acompañar las reformas administrativas, que es lo mismo que entender su razón de ser, en el contexto de una gestión pública que enfrenta desafíos que cuestionan en ocasiones la necesidad o justificación de ciertas instituciones gubernamentales.

Como quiera que sea, se trata de dotar a las instituciones públicas de la cohesión necesaria para que estas puedan responder con éxito a las demandas de la sociedad relacionadas con la prestación de los servicios públicos bajo las condiciones y características jurídicamente aceptadas, como universalidad, accesibilidad, desarrollo humano integral, calidad, y todas aquellas que hacen posible un relacionamiento respetuoso entre Estado y ciudadanía.

Preciso es tomar en cuenta que desde la perspectiva social las reformas administrativas se enfocan en la solución de los denominados problemas públicos, es decir, aquellos que de forma muy sentida aquejan a la colectividad, de ahí su estrecha relación con la implementación de las políticas públicas, pues ambas aportan a la reducción de las brechas sociales y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Todo esto no solo contribuye a la eficiencia y a la transparencia institucional, sino que además representa una incuestionable contribución directa al fortalecimiento de la democracia y la confianza ciudadana.

El profesor e investigador británico Michael Barzelay (2005), analiza la reforma administrativa, especialmente en su país, y propone un diseño y abordaje, a partir de factores y miradas que, de forma sumamente interesante, integran el enfoque de políticas públicas, los procesos y relacionamientos políticos y los mecanismos de participación social. De esto debemos aprender que los procesos de reforma administrativa van más allá de los cambios institucionales que deben producirse a lo interno de la Administración Pública, pues ellos impactan en la sociedad y en la vida de las personas; por eso, es dable asumir la reforma administrativa desde un enfoque de política pública, para asegurar su continuidad.

Las reformas administrativas son, en esencia, procesos continuos dirigidos a mejorar las formas en que se organizan y funcionan las instituciones públicas, en los que la modernización, la innovación, las metodologías de trabajo y las nuevas tecnologías juegan un rol determinante; pero debemos entender con claridad perfecta que todo esto solo constituye un medio para elevar la calidad de vida de las personas.