Soluciones estratégicas ante problemas públicos estructurales

Por Gregorio Montero

En otros escritos hemos comentado que las políticas públicas encuentran su fundamento y justificación en la necesidad de resolver problemas sociales o públicos que afectan a la mayoría, o a una parte importante de las personas que integran una comunidad. Es por ello que el estudio y documentación de estos problemas debe ser una tarea permanente del gobierno, de la academia y de las organizaciones sociales.

Dentro de los problemas públicos aparecen unos que alcanzan la categoría de estructurales, y lo son porque no representan una situación coyuntural determinada, del momento, sino que están asociados a deficiencias y anomalías históricas y sistémicas, están ancladas en la misma estructura social, económica, política, institucional, administrativa y cultural de un país.

Los problemas públicos estructurales exigen de análisis e investigación profundos, que permitan detectarlos y entenderlos de manera correcta, y luego de ello, diseñar y proponer las políticas públicas pertinentes, que deben ser gestionadas con base en la dimensión científica que le es dable. Esta categoría de problemas, en la actualidad se encuentra referenciada en situaciones que aparecen entrelazadas y obstaculizan el bienestar de las personas y el desarrollo de las sociedades; en este orden, se citan niveles de pobreza y desigualdad, efectos del cambio climático, inseguridad ciudadana, problemas migratorios, modelo económico, debilidad institucional, conducta antiética y corrupción, y otros.

Evidentemente, estos problemas se han enraizado en las bases de la sociedad como consecuencia de la falta de equidad en la distribución de las riquezas, de la inexistencia de un enfoque de políticas públicas, de la ausencia o inadecuada planificación, de la exclusión social, de la distorsión de valores republicanos, de un sistema educativo deficiente, del mal funcionamiento del sistema sanitario púbico, de un desproporcionado sistema de seguridad social, del soslayo de la dimensión científica de la gestión pública, de la opacidad en el ejercicio de la función pública y de recursos escasos. En América Latina, así lo reflejan casi todos los estudios, estos se han convertido en problemas públicos de gran calado y, tan serios, que desafían, incluso, de forma peligrosa, la gobernabilidad democrática.

La detección de los problemas públicos responde a una construcción política que se sustenta en pertinentes análisis cuantitativos, cualitativos e interpretativos de fenómenos sociales que se presentan en un tiempo y espacio determinados; en esa detección y construcción, que tienen el interés general, lo público y lo político como foco, deben aparecer interactuando de forma colaborativa, entre otros, el Estado (gobierno) y la sociedad civil. Como afirma el profesor de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), de Colombia, Antonio Pedroza (2018), “cuando la autoridad pública resuelve enfrentar el problema social, justo en ese momento se convierte un problema social en un problema púbico que debe ser enfrentado con una política pública.”

Cabe destacar que, precisamente, en un esfuerzo colaborativo, los gobiernos del mundo, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante las preocupaciones progresivas por la acumulación de problemas estructurales, acordaron en 2015 aprobar los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (17), acompañándolos de la Agenda 2030, contentiva de metas específicas (169). Estos objetivos son el resultado de estudios, detección y documentación de problemas sociales a nivel global, así como el adelanto de líneas generales que sirven de base a los distintos países para la construcción de políticas públicas inclusivas y de soluciones a los problemas públicos, debido a sus realidades concretas y las priorizaciones que correspondan.

Es preciso entender que el éxito en el diseño y puesta en marcha de una política pública depende, necesariamente, de la claridad en la definición del problema público, de la calidad de la información y de la pertinencia de la evidencia que justifica la intervención de dicho problema, así como de la adecuada estructuración del problema, como condicionante de su abordaje. En síntesis, la manera en que se detecten, se piensen y se construyan los problemas públicos, es crucial para poder enfrentarlos adecuadamente.

Para los dominicanos, sus problemas sociales han sido detectados, analizados y consignado su abordaje en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, dada por la Ley No. 1-12. En ella se identifican los problemas públicos, como se puede ver, muchos son estructurales, y las maneras de abordarlos. Orientada en los referidos ODS, su objetivo central es convertir a la República Dominicana en un país próspero, en el que prime la democracia participativa y la justicia social, con base en pilares como institucionalidad y macroeconomía, transformación productiva e inserción internacional, infraestructura y ciencia, tecnología e innovación.

En la END dominicana, como instrumento de planificación de largo plazo y resultado de un proceso de coproducción entre gobierno y sociedad, se planteó como visión compartida para el año 2030 un conjunto de objetivos de gran relevancia, que requieren previamente del diseño e implementación de políticas públicas a tono con los problemas públicos identificados, tales como pobreza, desigualdad, salud, educación, cambio climático, inseguridad, debilidad institucional, etc. Esos objetivos de relevancia son: que las personas vivan con dignidad, Estado social, democrático de derecho garantizado, la equidad, la igualdad y la justicia social son promovidas por el Estado y por todos, entre otras.

Estos problemas públicos hay que analizarlos tomando en cuenta que, solo por poner algunos ejemplos, según datos oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), la tasa de pobreza en nuestro país ronda el 20%, es decir, de cada 100 habitantes 20 no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hogares porque no cuentan con recursos suficientes; en lo que respecta a la desigualdad económica, de conformidad con el coeficiente de GINI, nuestro país tiene un índice de más o menos 38%, que implica que la forma en que se distribuyen los ingresos permite que la mitad más pobre de los habitantes reciba menos de una quinta parte de las riquezas y el 10% de los más ricos reciba el 40% de dichas riquezas.

En cuanto a la seguridad ciudadana, la tasa de homicidios se ubica en un 8%, lo que nos dice que, de cada 100 dominicanos que mueren, 8 son consecuencia de la violencia; tomando en cuenta los efectos del cambio climático, el país se ve más vulnerable como consecuencia de los huracanes, las sequías, el aumento del nivel del mar, etc., afectando seriamente la economía, la salud, el medio ambiente y la biodiversidad. También genera altas temperaturas, inundaciones, deslizamientos de tierra, desertificación de terrenos agrícolas, migración o desplazamiento interno, y muchos problemas más.

Una cuestión de particular importancia para avanzar hacia el desarrollo sostenible son las instituciones, de hecho, así lo deja saber el objetivo 17 de desarrollo sostenible: instituciones sólidas, eficaces y transparentes, garantes de la paz y la justicia. De conformidad con los diagnósticos realizados, el Estado dominicano acusa de debilidad institucional, es decir, enfrenta dificultades para cumplir con sus atribuciones y generar confianza en la ciudadanía, lo que se verifica a través de ineficiencia, incapacidad técnica para responder, opacidad, corrupción, etc. En definitiva, la debilidad institucional se pone de manifiesto en la acumulación histórica de los problemas estructurales detectados y abordados en la END.

Ahora lo importante es entender que la gran oportunidad que tenemos, ya identificados los problemas sociales y habiéndolos convertido en problemas públicos, enfrentarlos con firmeza e inteligencia hasta solucionarlos estratégicamente, es decir, desde un planteamiento integral, con una visión de sostenibilidad e incorporando todas las alternativas posibles.

Está claro, los problemas públicos estructurales requieren de soluciones estratégicas, nunca de soluciones coyunturales, que solo sirven como paliativos.